martes, 30 de julio de 2013

Reflexiones al pasar. Educación Pública, gratuita y de calidad ¿Es posible?



Educación Pública, gratuita y de calidad

  
Las demandas estudiantiles, han puesto el acento en tres aspectos fundamentales:
·         Fortalecer la educación pública
·          Educación Gratuita  y
       No al lucro.
Ello se traduce en la imperiosa necesidad de una  educación igualitaria que integre la sociedad y no la segmente como ocurre actualmente.
Si Chile es un país suficientemente desarrollado como para pedir el ingreso a la OCD, debería considerar el informe que dicho organismo emitió  en el año 2004, expresando   que nuestra educación está claramente estructurada en torno a las clases sociales.  Esta situación   no solo no ha sido considerada; si no que se  ha acentuado  teniendo como respuesta el rechazo de gran parte de la ciudadanía.
Encuesta educativa
  En una reciente encuesta el 63% de los apoderados y  el 85% de directores y docentes  declaran que se ha de des- municipalizar la educación,  optando por un Sistema Nacional dependendiente del MINEDUC, con un 76% de directores y 84 % de los docentes   que respaldan esta opción.
Además, a nivel escolar la mayor parte de los estudiantes, aún en los colegios pagados advierte que el cobro de los padres genera desigualdades sociales y la mayoría de los directores y profesores son muy críticos al financiamiento compartido.
La educación particular subvencionada, recibe recursos equivalentes a ala municipal, pero se le permite cobrar sumas adicionales a los padres (financiamiento compartido). Esto trae por consecuencia la aparición de una gama de colegios de distintos precios, en los cuales las familias acceden a ellos  matriculando a sus hijos,  de acuerdo a su nivel de rentas.
Los padres relacionan precio  con mejor servicio y llevan a sus hijos a un establecimiento educacional mejor (más caro), mermando  por consiguiente la educación municipalizada. De esta manera las escuelas públicas se quedan con los alumnos/as de las familias más pobres.
En nombre de la  libertad de enseñanza, entendida como libertad de emprendimiento en educación, se abren colegios que deben ser financiados por el Estado, aunque no se requieran.
Cambios en educación
La educación es un derecho y es obligación del Estado de asegurarlo. Por tanto   se requieren  cambios significativos  de todo orden.
Es imperioso realizar un  ordenamiento de la Educación financiada por el Estado,  que incluya la des- municipalización. Que incluya  un nuevo tipo de regulación a la educación particular subvencionada, con procedimientos claros para crear establecimientos y que paulatinamente se de finalización al financiamiento compartido.
Chile cuenta con los recursos humanos y materiales para que el Estado asuma su responsabilidad como garante del derecho a una educación de calidad, frente a todos los niños y niñas sin importar su origen social.
La gratuidad implica que el Estado asume  la responsabilidad no solo financiar vía voucher a los niños y niñas que van al colegio, sino también de proveer los recursos para que las escuelas desarrollen un buen aprendizaje; Promueve la participación de la comunidad educativa y social que rodea la escuela en su quehacer educativo, asumiendo que la educación es una tarea y preocupación de toda la sociedad; impulsa políticas públicas de formación docente acorde a los tiempos y en términos  de capacidades sociales que aseguran la permanente profundización de la democracia.
Se han de formar no solo ciudadanos competentes cognitivamente sino  también y por sobre todo  ciudadanos. Para ello es necesario ver la educación  como un desafío país y no como una forma de lucro para algunas personas, como lo ha sido hasta el momento. Por tal razón  debe ser gratuita, no debe segmentar, no debe seleccionar, es un derecho humano y un bien social que debe garantizar el Estado.
Reforma educacional
Se requiere una reforma holística omnicomprensiva. Una reforma que abarque  a los profesores, la administración, los educandos, las remuneraciones, entre otros. Reforma que emerja de la participación de  todos los estamentos relevantes; políticos, técnicos, profesores, trabajadores , empresarios .. Que se geste en un ambiente de colaboración, con la percepción compartida de que  la educación es clave para el desarrollo del país y para la vida de cada niño y niña.
Una reforma que   contemple  a los alumnos con sus características, debilidades y fortalezas. Un currículum diseñado para atender las necesidades educativas de cada alumno/a.
Que considere a la comunidad Educativa, el contexto geográfico, su hábitat. Acondicionada  y preparada para proveer a los alumnos/as  una educación de alta calidad, considerando su lugar geográfico, la edad y su origen socioeconómico. Que genere escuelas involucradas en un proceso caracterizado por la colaboración, excluyendo la competencia entre ellas .Con énfasis en la equidad, permitiendo que todos los alumnos logren su mejor nivel.
Que  genere profesores respetados y admirados socialmente, bien remunerados, conscientes de la importancia de un ejercicio autónomo y responsables de  su profesión, apoyados en su desarrollo profesional. Profesores acompañados por los padres y apoderados, las familias que confían en los docentes en cómo y en que enseñan a sus hijos. Profesores acompañados por sus alumnos, que expresan interés y entusiasmo personal en sus procesos de aprendizaje.
La tarea es ardua, y requiere de   debates  y discusiones  que permitan  el mejor de los acuerdos, por el bien de nuestro país y los niños y niñas  que  serán los ciudadanos del mañana. Por tanto quienes engrandecerán nuestra nación.


lunes, 29 de julio de 2013

La educación pública y gratuita es posible

Las movilizaciones sociales demandando educación pública, se han volcado a las calles  propiciando  la discusión obligada en los distintos escenarios del acontecer nacional. Seguramente han de haber sido miles, los debates, discusiones, diagnósticos sobre nuestra realidad educativa. Datos que ayer eran conocidos sólo por expertos, hoy son obviedades para toda la población. La  apropiación de la  comunidad  en los temas  educativos  y la problemática actual  es el principal triunfo  del movimiento estudiantil. Sin embargo, la respuesta desde la clase política ha sido siempre desde la perspectiva de las medidas y soluciones individuales. Perfeccionar el sistema ha sido el modo principal de respuesta a las demandas ciudadanas.  Perfeccionamiento que no resuelve el problema de fondo y están lejos  de  garantizar lo que la ciudadanía espera. Solo  se ofrecen mitigaciones y alivios rudimentarios.
Lo público, el carácter gratuito y la capacidad de producir educación de calidad, constituyen la única manera en que una comunidad puede garantizarse para sí la satisfacción del derecho a la educación. La educación pública y gratuita es posible. Proveerla con calidad es no sólo posible, sino además indispensable.
Hoy la gran mayoría de los chilenos estima que el sistema de educación superior impuesto por el régimen de Pinochet en los años ochenta enfrenta su crisis terminal. Ello explica el respaldo entregado por la ciudadanía a las movilizaciones estudiantiles, que están lejos de detenerse  si no se materializan  propuestas concretas de solución.
El reclamo para que el Estado asuma su responsabilidad en la entrega de una educación pública de calidad y sin segregación social a todos los jóvenes de Chile, se ha instalado en la agenda nacional.
La privatización del sistema de educación superior ha multiplicado las universidades privadas, que reúne a 55% de los estudiantes[1]. En ellas se realiza escasa investigación y extensión, no hay carrera académica y no se practica la democracia interna. Su propósito, al igual que el de toda empresa, es maximizar ganancias y reducir costos,  en este caso a costa de un bien público. La educación ha sido negada como derecho ciudadano para ser convertida en asunto de negocios.
La mal entendida "libertad de mercado" ha creado una sobresaturación del mercado laboral para algunas profesiones, que tiene como consecuencia, entre otras cosas, una presión a la baja de los salarios por debajo de la deuda promedio contraída para pagar aranceles. Además, la privatización total del subsistema de educación técnico-profesional lo ha debilitado profundamente[2].
Por otra parte, la segmentación de los sistemas de financiamiento por tipo de universidad (Crédito Solidario y Crédito con Aval del Estado), ha generado profundas desigualdades e incentivos perversos, como la especialización de ciertas instituciones educativas en captar estudiantes de bajos recursos, a quienes, además, entrega la educación de peor calidad.
La muestra más escandalosa de lo que produce esta competencia de mercado, ha sido la generación de un incentivo perverso para crear carreras ficticias sin demanda y sin sentido académico. El caso de la carrera de Criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) es el ejemplo más conocido de aquello[3].

La Educación como derecho
Para proveer un bien público, que es constitutivo de derecho, es imprescindible contar con un sistema público de educación, que satisfaga las necesidades de la totalidad de la población educable de un modo gratuito y satisfactorio.
La existencia de un sistema público educacional no implica obstruir o impedir la existencia de prestadores privados, con o sin fines de lucro. Sin embargo, la oferta educativa del país y el diseño de la educación que Chile requiere, no serán asuntos donde la participación de privados forme parte. Por esto, los fondos públicos directos deben ser sólo para instituciones públicas y suficientes para garantizar la satisfacción de las obligaciones que al Estado le implica el cumplimiento del derecho social “educación”[4].
El Estado no sólo debe  garantizar la educación como derecho, sino además promover áreas relevantes para el desarrollo, enfocándose en necesidades del país. Para esto, el Estado debe hacerse cargo, previo diagnóstico, de  las necesidades relevantes a todo nivel (económico, político, social, cultural) y definir cuotas ideales de generación de profesionales y especialistas, además de promover investigaciones en áreas de interés; otorgando beneficios excepcionales (esto es, más allá de los derechos y a modo de incentivos) para quienes acudan a cubrir dichas necesidades.
Esta prerrogativa del Estado no supone darle a éste el poder de suspender derechos a quienes quieran concurrir hacia áreas no preferentes, sino simplemente lo faculta para estimular aspectos de interés nacional. 


Reforma tributaria
Dado el actual escenario político-social, es imprescindible contar con un modelo de financiamiento inmediato y anterior a cualquier Reforma Tributaria, ya que los recursos que ella proveería se demoran en llegar. Además, el debate tributario no puede relegar el debate educativo que hoy vive el país.
 El 90% de las familias chilenas reciben ingresos que no les permite financiar la educación de sus hijos. Como muestran los datos de la última encuesta CASEN, el primer decil de ingresos recibe mensualmente en promedio $ 114.000 mientras el noveno decil obtiene $ 1.150.000 por grupo familiar[5]. Considerando que los aranceles universitarios mensuales son de alrededor de $ 250.000[6], es imposible que el 90% de las familias puedan pagar, en términos reales, la educación superior para sus hijos sin someterse a la lógica del endeudamiento.
La gratuidad de la enseñanza debe operar sobre el 100% de las familias chilenas. La educación es un derecho social y como tal se garantiza cuidando su carácter de bien público. Su inclusión en un mercado altera el carácter universal, pues establece precios y rangos de calidad asociados a ello.
El discurso instalado en el Chile actual por las autoridades de gobierno y la clase política señala que los pobres deben estudiar de modo gratuito o con facilidades de financiamiento, mientras que los ricos deben pagar por su educación. La verdad es que la justicia social es algo más profundo: supone que los más afortunados financien la educación de los que lo son menos. Y ello debe hacerse mediante el pago de tributos. Y es que la forma de proveer de recursos al Estado para solventar derechos sociales y producir bienes públicos es el cobro de impuestos. Por ello, en el mediano plazo resulta imperativo contar con una Reforma Tributaria que asegure el financiamiento de la educación pública gratuita.
A pesar de lo anterior, es importante añadir que la Reforma Tributaria que Chile requiere no debe ser únicamente en función de las necesidades de nuestro sistema de educación pública, sino que también debe encargarse de las profundas transformaciones que nuestros sistemas de salud y previsión demandan.
En efecto, un sistema tributario más justo y sostenible en el tiempo debiera fundamentarse en tres pilares principales: equidad vertical, es decir un sistema de tasas progresivas en las que el que más gana, más aporta; equidad horizontal, en la cual a igual renta le corresponde igual carga tributaria; y finalmente un principio de no discriminación en el sentido de cargas tributarias ciertas tanto para personas como para entes jurídicos.
  Además es justicia que los estudiantes chilenos sometidos al sistema crediticio, para poder estudiar,  deben ser reparados por haber recibido condiciones de financiamiento que lesionaron sus derechos. Los créditos privados cursados hasta ahora, sus intereses y los estudiantes de todo el sistema, público y privado, requieren reparación.



[2] En Chile existen –reconocidos por el Ministerio de Educación el año 2011- 44 Institutos Profesionales y 73 Centros de Formación Técnica, todos de carácter privado y fundados en su mayoría en la década de 1980. http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=38&id_seccion=3245&id_contenido=13125
[3] El año 2004, los alumnos de la carrera de Perito Criminalístico de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) se encontraron con que al egresar de sus carreras no tenían campo laboral, puesto que las labores de perito criminal eran efectuadas por funcionarios judiciales o de la Policía de Investigaciones. Un grupo de cerca de 500 estudiantes presentaron una querella contra el entonces rector Miguel Avendaño, por los delitos de estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos funcionarios.


[4] La legislación vigente que regula el  Aporte Fiscal Directo (AFD), son el DFL Nº4 de 1981, el Decreto Nº128 y sus modificaciones. El AFD es el principal instrumento de financiamiento basal que Estado destina a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). El aporte reside en un subsidio de libre disponibilidad que es asignado en un 95% conforme a criterios históricos y en un 5% de acuerdo con indicadores de desempeño anuales (en relación a la matrícula estudiantil, el número de académicos con postgrado y el número de proyectos y publicaciones de investigación de excelencia). En el año 2010, el monto total entregado por concepto de AFD fue de $150.793.167 (pesos chilenos). http://www.divesup.cl/index2.php?id_portal=38&id_seccion=3063&id_contenido=12222

[5] Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional (2009). Cifras en pesos chilenos de Noviembre de 2009. http://www.mideplan.gob.cl/casen2009/distribucion_ingreso_casen_2009.pdf
[6] Consejo Nacional de Educación: Aranceles 2011, Instituciones de Educación Superior. http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadisticas/doc/Estadisticas2011/estd/09_EMArancel.pdf