En voz alta: La educación pública y gratuita es posible

Las movilizaciones sociales demandando educación pública, se han volcado a las calles propiciando la discusión obligada en los distintos escenarios del acontecer nacional. Seguramente han de haber sido miles, los debates, discusiones, diagnósticos sobre nuestra realidad educativa. Datos que ayer eran conocidos sólo por expertos, hoy son obviedades para toda la población. La apropiación de la comunidad en los temas educativos y la problemática actual es el principal triunfo del movimiento estudiantil. Sin embargo, la respuesta desde la clase política ha sido siempre desde la perspectiva de las medidas y soluciones individuales. Perfeccionar el sistema ha sido el modo principal de respuesta a las demandas ciudadanas. Perfeccionamiento que no resuelve el problema de fondo y están lejos de garantizar lo que la ciudadanía espera. Solo se ofrecen mitigaciones y alivios rudimentarios.

Lo público, el carácter gratuito y la capacidad de producir educación de calidad, constituyen la única manera en que una comunidad puede garantizarse para sí la satisfacción del derecho a la educación. La educación pública y gratuita es posible. Proveerla con calidad es no sólo posible, sino además indispensable.

Hoy la gran mayoría de los chilenos estima que el sistema de educación superior impuesto por el régimen de Pinochet en los años ochenta enfrenta su crisis terminal. Ello explica el respaldo entregado por la ciudadanía a las movilizaciones estudiantiles, que están lejos de detenerse si no se materializan propuestas concretas de solución.

El reclamo para que el Estado asuma su responsabilidad en la entrega de una educación pública de calidad y sin segregación social a todos los jóvenes de Chile, se ha instalado en la agenda nacional.

La privatización del sistema de educación superior ha multiplicado las universidades privadas, que reúne a 55% de los estudiantes^{^[1]}. En ellas se realiza escasa investigación y extensión, no hay carrera académica y no se practica la democracia interna. Su propósito, al igual que el de toda empresa, es maximizar ganancias y reducir costos, en este caso a costa de un bien público. La educación ha sido negada como derecho ciudadano para ser convertida en asunto de negocios.

La mal entendida "libertad de mercado" ha creado una sobresaturación del mercado laboral para algunas profesiones, que tiene como consecuencia, entre otras cosas, una presión a la baja de los salarios por debajo de la deuda promedio contraída para pagar aranceles. Además, la privatización total del subsistema de educación técnico-profesional lo ha debilitado profundamente^{^[2]}.

Por otra parte, la segmentación de los sistemas de financiamiento por tipo de universidad (Crédito Solidario y Crédito con Aval del Estado), ha generado profundas desigualdades e incentivos perversos, como la especialización de ciertas instituciones educativas en captar estudiantes de bajos recursos, a quienes, además, entrega la educación de peor calidad.

La muestra más escandalosa de lo que produce esta competencia de mercado, ha sido la generación de un incentivo perverso para crear carreras ficticias sin demanda y sin sentido académico. El caso de la carrera de Criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) es el ejemplo más conocido de aquello^{^[3]}.

La Educación como derecho

Para proveer un bien público, que es constitutivo de derecho, es imprescindible contar con un sistema público de educación, que satisfaga las necesidades de la totalidad de la población educable de un modo gratuito y satisfactorio.

La existencia de un sistema público educacional no implica obstruir o impedir la existencia de prestadores privados, con o sin fines de lucro. Sin embargo, la oferta educativa del país y el diseño de la educación que Chile requiere, no serán asuntos donde la participación de privados forme parte. Por esto, los fondos públicos directos deben ser sólo para instituciones públicas y suficientes para garantizar la satisfacción de las obligaciones que al Estado le implica el cumplimiento del derecho social “educación”^{^[4]}.

El Estado no sólo debe garantizar la educación como derecho, sino además promover áreas relevantes para el desarrollo, enfocándose en necesidades del país. Para esto, el Estado debe hacerse cargo, previo diagnóstico, de las necesidades relevantes a todo nivel (económico, político, social, cultural) y definir cuotas ideales de generación de profesionales y especialistas, además de promover investigaciones en áreas de interés; otorgando beneficios excepcionales (esto es, más allá de los derechos y a modo de incentivos) para quienes acudan a cubrir dichas necesidades.

Esta prerrogativa del Estado no supone darle a éste el poder de suspender derechos a quienes quieran concurrir hacia áreas no preferentes, sino simplemente lo faculta para estimular aspectos de interés nacional.

Reforma tributaria

Dado el actual escenario político-social, es imprescindible contar con un modelo de financiamiento inmediato y anterior a cualquier Reforma Tributaria, ya que los recursos que ella proveería se demoran en llegar. Además, el debate tributario no puede relegar el debate educativo que hoy vive el país.

El 90% de las familias chilenas reciben ingresos que no les permite financiar la educación de sus hijos. Como muestran los datos de la última encuesta CASEN, el primer decil de ingresos recibe mensualmente en promedio $ 114.000 mientras el noveno decil obtiene $ 1.150.000 por grupo familiar^{^[5]}. Considerando que los aranceles universitarios mensuales son de alrededor de $ 250.000^{^[6]}, es imposible que el 90% de las familias puedan pagar, en términos reales, la educación superior para sus hijos sin someterse a la lógica del endeudamiento.

La gratuidad de la enseñanza debe operar sobre el 100% de las familias chilenas. La educación es un derecho social y como tal se garantiza cuidando su carácter de bien público. Su inclusión en un mercado altera el carácter universal, pues establece precios y rangos de calidad asociados a ello.

El discurso instalado en el Chile actual por las autoridades de gobierno y la clase política señala que los pobres deben estudiar de modo gratuito o con facilidades de financiamiento, mientras que los ricos deben pagar por su educación. La verdad es que la justicia social es algo más profundo: supone que los más afortunados financien la educación de los que lo son menos. Y ello debe hacerse mediante el pago de tributos. Y es que la forma de proveer de recursos al Estado para solventar derechos sociales y producir bienes públicos es el cobro de impuestos. Por ello, en el mediano plazo resulta imperativo contar con una Reforma Tributaria que asegure el financiamiento de la educación pública gratuita.

A pesar de lo anterior, es importante añadir que la Reforma Tributaria que Chile requiere no debe ser únicamente en función de las necesidades de nuestro sistema de educación pública, sino que también debe encargarse de las profundas transformaciones que nuestros sistemas de salud y previsión demandan.

En efecto, un sistema tributario más justo y sostenible en el tiempo debiera fundamentarse en tres pilares principales: equidad vertical, es decir un sistema de tasas progresivas en las que el que más gana, más aporta; equidad horizontal, en la cual a igual renta le corresponde igual carga tributaria; y finalmente un principio de no discriminación en el sentido de cargas tributarias ciertas tanto para personas como para entes jurídicos.

Además es justicia que los estudiantes chilenos sometidos al sistema crediticio, para poder estudiar, deben ser reparados por haber recibido condiciones de financiamiento que lesionaron sus derechos. Los créditos privados cursados hasta ahora, sus intereses y los estudiantes de todo el sistema, público y privado, requieren reparación.

[1] Consejo Nacional de Educación: Proceso de Matrícula 2011. http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesEstadisticas/doc/Estadisticas2011/estd/03_EMMatriculas11v5.pdf

[2] En Chile existen –reconocidos por el Ministerio de Educación el año 2011- 44 Institutos Profesionales y 73 Centros de Formación Técnica, todos de carácter privado y fundados en su mayoría en la década de 1980. http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=38&id_seccion=3245&id_contenido=13125

[3] El año 2004, los alumnos de la carrera de Perito Criminalístico de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) se encontraron con que al egresar de sus carreras no tenían campo laboral, puesto que las labores de perito criminal eran efectuadas por funcionarios judiciales o de la Policía de Investigaciones. Un grupo de cerca de 500 estudiantes presentaron una querella contra el entonces rector Miguel Avendaño, por los delitos de estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos funcionarios.