Superintendencia y Agencia de Calidad.

Superintendencia y Agencia de Calidad.

La superintendencia de educación será un servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionaría con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. Su rol será netamente fiscalizador, por ejemplo, deberá cautelar que los sostenedores de establecimientos municipales y particulares subvencionados hagan uso de los recursos, públicos y privados, de acuerdo al marco legal. Incluso, entre sus funciones, estará la de capacitar a los sostenedores para que sepan cómo hacer una adecuada rendición de cuenta pública del uso de recursos. En el caso de establecimientos particulares pagados, también podrá fiscalizar, pero sólo de existir alguna denuncia.

Aunque el ministerio de educación continuará siendo el órgano rector del sistema, el rol de fiscalización pasa definitivamente a la Superintendencia. Esta última deberá fiscalizar en cada escuela o liceo el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional y, cuando corresponda, deberá hacer llegar los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste revoque dicho reconocimiento”.

La Agencia de calidad  al igual que la superintendencia, será un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Educación. Sin embargo, no tendrá un perfil fiscalizador. Como se describe en la ley (artículo 18): “La Agencia, según lo dispuesto en el artículo anterior, determinará el modo en que técnicamente se ponderarán los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa para efectos de efectuar la ordenación. Con todo, la ponderación de los estándares de aprendizaje no podrá ser inferior al 67% del total". De este modo, entre sus funciones estarán, entre otras, evaluar el logro de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al cumplimiento de ciertos estándares; evaluar el desempeño de los establecimientos escolares; ordenar a las escuelas según estándares de aprendizaje (alto, medio, medio bajo o insuficiente), y dar orientaciones de mejora. En conclusión velará por la definición y el cumplimiento de los estándares de calidad que se establezcan.

La agencia de calidad no sólo estará a cargo de clasificar a los establecimientos educacionales en función del cumplimiento de estándares de aprendizaje, sino “que tendrá la obligación de proporcionar información a la comunidad en general, particularmente a los padres y apoderados respecto de los establecimientos en que estudian sus hijos”. En el caso de aquellos establecimientos escolares que se hayan ubicado en la categoría de desempeño insuficiente, se establece específicamente que la agencia informará a los padres y apoderados y al consejo escolar cada vez que el establecimiento al que envían a sus hijos sea ordenado en esa categoría.

Con el propósito de cumplir con las tareas que se le han encomendado, la agencia estará autorizada para realizar “visitas evaluativas” a establecimientos municipales y particulares subvencionados. Un dato interesante: la agencia también podrá realizar “visitas de aprendizaje” a los establecimientos particulares pagados que hayan sido calificados en la categoría de buen desempeño, con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas pedagógicas.

 En síntesis, estamos frente a un meticuloso, profundo detallado, intenso y costoso sistema de control de los proveedores subvencionados de educación obligatoria. La idea pareciera ser que la calidad educacional pueda mejorarse por medio de la vigilancia y el castigo. Es una visión panóptica de la sociedad, como la llamaba Foucault. Para que las instituciones  funcionen, hay que someterlas a  una inspección integral y minuciosa.

¿Podrá mejorarse la calidad de la educación por esta vía? Pareciera muy  difícil. Vigilar y fiscalizar miles de colegios  en  toda su amplitud, es una tarea titánica. Evaluar comprensivamente a cada uno, por consiguiente, requiere desplegar un aparato y esfuerzos burocráticos de tal magnitud, que no sé si se podrán justificar por su impacto. En efecto, cada Unidad Educativa es un microcosmo con identidad, con proyecto propio, una singular cultura institucional, y con profesores y alumnos entrelazados en un orden pedagógico  distintivo dentro de un particular entorno local.

Para funcionar mejor y mejorar sus resultados, los colegios  necesitan, ante todo, una  inversión sustancialmente mayor por alumno, contar con profesores bien formados y capacitados, apoyo de las familias y una planificación y gestión efectivas del trabajo de aula. Requieren, además, un régimen de aseguramiento de calidad  que contribuya a desarrollar sus capacidades propias, refuerce su autonomía de gestión y les proporcione  procedimientos razonables de supervisión, evaluación y acreditación. Tal régimen  no debiera  imponer ni exagerados costos de transacción ni resultar tan exhaustivo que asfixie.

 La agencia ni la superintendencia  van a resolver el tema de la calidad: “La reflexión pedagógica en torno a la calidad es clave y debe hacerse en las escuelas, en las salas. Lo interesante es ver cómo la superintendencia con su fiscalización contribuye a aun nuevo orden institucional y de gestión pedagógica  y la agencia informa y orienta  al aula, al docente, al sistema, para que al interior de estos centros educativos se produzcan los procesos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje que   los tiempos requieren.